En cuestión de días, la llamada Gold Card pasó de ser un anuncio político a convertirse en uno de los temas más comentados del sistema migratorio de Estados Unidos. La idea es sencilla de resumir, pero compleja de evaluar: una vía acelerada hacia la residencia permanente a cambio de una contribución millonaria al gobierno federal, en un contexto en el que, al mismo tiempo, se endurecen los controles para la mayoría de personas migrantes.

El programa nace formalmente con una orden ejecutiva de septiembre de 2025 que autoriza a las agencias a crear un camino expedito a la residencia para quienes hagan un “gift” sustancial al Estado. Esa arquitectura se concreta en diciembre de 2025 con el lanzamiento del portal oficial TrumpCard.gov y la activación del formulario I-140G para el llamado Trump Gold Card Program, que ya está aceptando solicitudes. Según el propio sitio oficial y los comunicados de prensa, la lógica es clara: quien pueda demostrar “un beneficio sustancial” para Estados Unidos mediante una contribución económica directa puede obtener residencia permanente bajo categorías EB-1 o EB-2, después de un proceso reforzado de revisión de seguridad y antecedentes.

¿Qué es la Gold Card en Estados Unidos?

En la práctica, la Gold Card funciona como un programa de residencia por contribución. Para solicitudes individuales, la secuencia general es esta: primero, la persona paga una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional; ese pago inicia un proceso acelerado de revisión de seguridad. Si el resultado es favorable, el gobierno solicita un “gift” de 1.000.000 de dólares, no reembolsable, que se considera prueba de que el solicitante aportará un beneficio económico sustancial al país. Una vez completado el aporte y finalizada la evaluación, el solicitante obtiene estatus de residente permanente como beneficiario de una clasificación EB-1 o EB-2, con camino posterior a la ciudadanía, sujeto a los requisitos habituales.

El programa tiene también una vertiente corporativa, la Trump Corporate Gold Card, pensada para empresas que quieren patrocinar talento extranjero. En este caso, la compañía paga una tarifa de 15.000 dólares por trabajador y, si el proceso avanza, un gift de 2.000.000 de dólares por empleado. Una particularidad polémica es que la contribución puede “reutilizarse”: si la empresa deja de patrocinar a un trabajador, puede usar el mismo aporte como base para otro empleado, pagando una cuota anual de mantenimiento del 1 % y una comisión de transferencia del 5 %, que incluye un nuevo chequeo de antecedentes.

La comparación con la antigua EB-5 es inevitable. Ese programa exigía invertir 800.000 o 1.000.000 de dólares en proyectos que generaran empleo y mantener la inversión durante años para consolidar la residencia. Con la Gold Card, el centro de gravedad se desplaza: ya no se trata de crear puestos de trabajo verificables, sino de realizar un pago directo al Tesoro. Medios como AP, The Guardian o Politico han descrito la iniciativa como una especie de “green card premium” que reemplaza, en la práctica, parte del espacio que antes ocupaban las vías basadas en inversión productiva y en méritos profesionales, al ofrecer un atajo puramente financiero para quienes pueden pagar el precio de entrada.

Beneficios, riesgos y preguntas clave antes de considerar la Gold Card

Desde la perspectiva de un potencial solicitante, los beneficios aparentes son fáciles de identificar: un proceso más rápido hacia la residencia, menos dependencia de una empresa concreta o de un proyecto de inversión sujeto al mercado, y la posibilidad de estructurar después, con más calma, los pasos migratorios de la familia. Sin embargo, para cualquier persona o familia que esté pensando en transferir 1.000.000 de dólares (o más, si se trata de un núcleo familiar completo), el análisis no puede quedarse ahí.

En primer lugar, la base legal del programa todavía se está poniendo a prueba. La Gold Card se apoya en una orden ejecutiva y en la capacidad del Ejecutivo de administrar las categorías EB-1 y EB-2, pero especialistas en inmigración han advertido que es probable que enfrente litigios, sobre todo si se interpreta que está creando, en la práctica, una vía de residencia que el Congreso no ha diseñado expresamente. Para quienes aportan el dinero, esto abre la incógnita de qué ocurriría si un tribunal limita el programa o lo declara inválido para casos futuros: aunque la residencia otorgada ya es un acto individual, la incertidumbre regulatoria no es un tema menor cuando se trata de decisiones patrimoniales de este tamaño.

En segundo lugar, están los riesgos reputacionales y de cumplimiento. Organizaciones de derechos humanos, analistas y medios internacionales han criticado que, al mismo tiempo que se endurecen otras vías migratorias y se terminan programas como el parole de reunificación familiar, se abra una puerta preferencial para ultra altos patrimonios. También se han planteado preguntas sobre la prevención de lavado de activos y la calidad del due diligence sobre el origen de los fondos, en un esquema que, por diseño, se basa en grandes transferencias directas al Estado. Cualquier familia empresaria o grupo corporativo debe evaluar no solo si puede cumplir con el programa, sino cómo será percibido por bancos, socios, autoridades y opinión pública en su propio país.

Finalmente, está todo lo que la Gold Card no resuelve por sí sola: no elimina la necesidad de una estrategia fiscal internacional clara, no sustituye la planeación sucesoria, no reorganiza estructuras societarias en América Latina ni responde preguntas básicas como dónde conviene mantener la residencia fiscal, cómo proteger activos frente a acreedores o cómo armonizar testamentos, trusts y acuerdos de socios en distintas jurisdicciones. En otras palabras, la Gold Card puede ser una pieza más dentro de un proyecto migratorio y patrimonial, pero difícilmente debería ser el punto de partida.

Para una firma como LOIGICA®, la conversación con un cliente interesado en este programa no empieza preguntando si “puede pagar el millón”, sino cuál es su mapa migratorio, empresarial y patrimonial completo: qué otras vías migratorias podría tener (por talento, empleo, inversión estructurada o familia), cómo está organizado su patrimonio entre países, qué impacto tendría la residencia en su situación fiscal y qué riesgos legales y reputacionales asume al optar por un camino tan visible y controversial. Solo con ese contexto es posible determinar si la Gold Card es una opción coherente o si existen alternativas más equilibradas entre costo, tiempo y estabilidad a largo plazo.