La Gold Card se está presentando como la nueva puerta de entrada rápida a la residencia en Estados Unidos para quienes pueden aportar 1.000.000 de dólares (o más) al gobierno federal. Para muchos lectores de América Latina —familias empresarias, dueños de compañías, altos ejecutivos, inversionistas diversificados— la pregunta parece evidente: si ya manejo cifras importantes en mis negocios, ¿tiene sentido considerar esta opción? La respuesta, en realidad, no depende de si el patrimonio alcanza, sino de qué implica esa decisión para la estructura completa de la familia, de las empresas y del legado que se quiere proteger.

Los datos oficiales dibujan un esquema claro: el solicitante individual paga una tarifa de 15.000 dólares para iniciar el proceso, se somete a un background check reforzado y, si lo supera, realiza un “gift” de 1.000.000 de dólares al Estado; a cambio, recibe residencia permanente bajo clasificación EB-1 o EB-2, con vía hacia la ciudadanía. Para empresas, la versión corporativa implica un gift de 2.000.000 por empleado, con posibilidad de transferir ese beneficio a otro trabajador en el futuro, sujeto a un 1 % anual de mantenimiento y un 5 % de comisión por cada transferencia. Todo esto en un contexto en el que, al mismo tiempo, se terminan programas como el parole de reunificación familiar y se incrementan las barreras para otras categorías de inmigrantes.

Gold Card: punto de partida para un patrimonio latinoamericano

Para un alto patrimonio latinoamericano, la primera pregunta no es si “se puede pagar” el millón, sino de dónde sale y cómo se ve esa operación en papel. Vender un activo, retirar flujo de caja de una empresa, desinvertir en un proyecto estratégico o concentrar liquidez en un solo movimiento tiene consecuencias que van mucho más allá del formulario migratorio. La trazabilidad del dinero —qué activo se liquidó, qué impuestos se pagaron, cómo se documentó el origen— no solo es un requisito de cumplimiento frente a las autoridades de Estados Unidos, sino también frente a bancos, reguladores y autoridades fiscales en el país de origen. En un entorno global donde el control sobre flujos de capital es cada vez más estricto, el “gift” de 1.000.000 de dólares debe ser, ante todo, defendible y transparente.

A partir de ahí, entra en juego la residencia fiscal. Obtener residencia permanente en Estados Unidos implica, en muchos casos, que la persona y su núcleo familiar entren en el radar fiscal del país, con posibles efectos sobre la renta global, las herencias y las donaciones. Para familias con empresas operando en varios países, inmuebles en la región y estructuras como holdings o trusts, el cambio de residencia no es un trámite simbólico: puede modificar la carga impositiva efectiva, exigir nuevas obligaciones de reporte y obligar a rediseñar los vehículos patrimoniales para evitar doble tributación o conflictos sucesorios. Antes de pensar en la Gold Card como una solución migratoria, muchos patrimonios necesitan modelos claros de sus escenarios fiscales durante los próximos 5, 10 o 20 años.

También está el ángulo empresarial y de gobierno corporativo. Las empresas familiares latinoamericanas suelen estar muy ligadas a la figura de uno o dos líderes clave: el fundador que firma los contratos, el socio que mantiene las relaciones con bancos, el ejecutivo que concentra el conocimiento operativo. Si esa persona reorganiza su vida alrededor de Estados Unidos, la empresa cambia. La Gold Card no exige invertir directamente en la compañía, pero sí obliga a responder preguntas como: quién toma decisiones si el accionista principal está más tiempo fuera, qué pasa con la firma de documentos críticos, cómo se reorganizan los poderes y qué ocurre en caso de un evento inesperado (salud, fallecimiento, conflicto familiar) cuando la residencia, el patrimonio y las empresas ya no están bajo una sola jurisdicción.

Siete preguntas silenciosas antes de mover 1.000.000 de dólares

Detrás de cada conversación sobre Gold Card con un alto patrimonio latinoamericano hay un conjunto de preguntas que rara vez aparecen en los titulares, pero que, en la práctica, determinan si la decisión fue inteligente o solo costosa:

La primera tiene que ver con la estabilidad regulatoria. La Gold Card es un programa nuevo, creado por orden ejecutiva, ya bajo escrutinio de medios, organizaciones y expertos. Analistas han señalado que podría enfrentarse a demandas o a cambios si una futura administración decide modificar o limitar el esquema. Ese nivel de incertidumbre es especialmente sensible para familias que están pensando en una estrategia de varias décadas, no de uno o dos años.

La segunda cuestión es qué alternativas se están descartando casi sin analizarlas. Muchos perfiles de alto patrimonio podrían ser candidatos razonables a una EB-1 o EB-2 tradicional por trayectorias académicas, científicas, empresariales o de talento; otros podrían explorar combinaciones de E-2, L-1 y rutas por empleo que, bien planificadas, conducen a la residencia con un costo financiero mucho menor y con un vínculo más orgánico con la actividad económica real. Sin una evaluación seria de esas rutas, la Gold Card corre el riesgo de convertirse en una solución “rápida”, pero no necesariamente “óptima”.

La tercera pregunta es cómo se verá esta decisión desde fuera. En un momento en que el propio gobierno endurece la política migratoria para amplios grupos de personas, optar por una vía de residencia asociada a un pago millonario puede tener implicaciones reputacionales: en la opinión pública local, en la relación con socios o incluso en procesos donde haya escrutinio sobre el origen y manejo del patrimonio. Para ciertos sectores regulados o empresas que dependen de licitaciones, contratos con el Estado o financiamiento internacional, la forma de comunicar la decisión puede ser casi tan importante como la elección misma.

La cuarta es quién coordina todo el tablero. Un asesor migratorio que solo ve la Gold Card, un asesor fiscal que solo mira la declaración del próximo año y un notario que solo piensa en el testamento local pueden crear, sin quererlo, un rompecabezas de piezas que no encajan. Lo que un patrimonio latinoamericano necesita, en este contexto, es una visión integrada: cómo se relacionan la ruta migratoria, la estructura societaria, la planificación fiscal, los instrumentos de protección de activos y los acuerdos familiares. Sin esa visión, la Gold Card puede terminar siendo un movimiento vistoso, pero poco alineado con la estrategia de largo plazo.

En LOIGICA® vemos la Gold Card no como un “producto” aislado, sino como un elemento dentro de una conversación más amplia sobre cómo, cuándo y por qué una familia o un grupo empresarial quiere vincular su vida, su patrimonio y sus empresas a Estados Unidos. Hay casos en los que, tras revisar el mapa completo, la conclusión es que la Gold Card puede encajar como una herramienta más, y otros en los que resulta más sensato fortalecer rutas basadas en inversión productiva, talento o empleo, con estructuras patrimoniales que no dependan de un programa políticamente delicado.