En medio de todos los cambios migratorios recientes, una decisión toca de frente a miles de familias de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras: el fin del parole de reunificación familiar (Family Reunification Parole, FRP). Lo que hasta hace muy poco era una vía regulada para que ciertos beneficiarios de peticiones familiares pudieran entrar a Estados Unidos mientras esperaban la disponibilidad de su visa, ahora tiene fecha de cierre y consecuencias directas para quienes ya están dentro del país bajo este esquema.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de todos los programas de parole de reunificación familiar y publicó un aviso formal en el Federal Register en diciembre de 2025. A partir de esa notificación, el gobierno pone fin tanto a los programas “modernizados” creados en 2023 para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, como a los programas históricos de reunificación familiar para Cuba y Haití. La lógica oficial es “devolver el parole a un uso caso por caso”, en lugar de mantener programas categóricos por país.

La clave para las familias no está solo en el anuncio, sino en las fechas. DHS fijó dos hitos: la terminación de los programas como tal a partir del 15 de diciembre de 2025, y una fecha límite general del 14 de enero de 2026 para quienes ya se encuentran dentro de Estados Unidos con parole de reunificación familiar. Salvo contadas excepciones, el gobierno ha dejado claro que el parole de todas las personas admitidas bajo estos programas terminará ese día, aunque en su documento técnico precisa que, si el período inicial de parole vencía antes, prevalece la fecha de expiración original del I-94.

Al mismo tiempo, el aviso explica que el parole de reunificación familiar nunca fue una “admisión” formal: la persona sigue siendo considerada solicitante de admisión durante todo el tiempo que permanece en el país bajo este mecanismo. Eso significa que, cuando el parole se termina, la base temporal que le permitía estar en Estados Unidos también desaparece. Y junto con el parole, se extingue el permiso de trabajo que muchos beneficiarios obtuvieron únicamente por estar bajo este programa, ya que la autorización de empleo se concedía precisamente en la categoría reservada para personas con parole.

Las cifras publicadas por el propio DHS ayudan a dimensionar el alcance de la medida. Desde la creación de los programas modernizados en 2023, alrededor de 14.000 personas han sido beneficiarias de parole de reunificación familiar, a quienes se suman más de 1.000 cubanos y cerca de un centenar de haitianos bajo los programas históricos que aún seguían vigentes. Para todos ellos, el 14 de enero de 2026 dejó de ser una fecha abstracta y se convirtió en una frontera jurídica muy concreta: el día en que su documento de entrada deja de tener validez, salvo que hayan podido cambiar o ajustar su estatus por otra vía antes de ese momento.

Riesgos reales de quedarse quieto con parole de reunificación familiar

En este contexto, “quedarse quieto” no es una decisión neutra. Quedarse quieto significa seguir con la rutina diaria sin revisar fechas, sin hablar con un abogado y sin tomar medidas concretas antes de que el parole termine. Y eso, jurídicamente, tiene riesgos muy claros.

El primero es el riesgo de acumular presencia ilegal después de la fecha de terminación. Una vez que el parole expira, si la persona no ha logrado obtener otro estatus válido ni ha salido de Estados Unidos, empieza a contar tiempo de presencia ilegal a efectos migratorios. Superar los 180 días puede activar una prohibición de reingreso por tres años; superar un año puede activar una prohibición de diez años, con todas las complicaciones que eso implica para visas futuras, ajustes de estatus y entradas posteriores. Para alguien que ha avanzado ya un tramo importante en su proceso familiar, perder el control de estos plazos puede desbaratar años de planificación.

El segundo riesgo está en el ámbito laboral. El permiso de trabajo asociado al parole de reunificación familiar no es independiente: existe porque la persona está en parole. Cuando este se termina, la autorización de empleo también pierde base jurídica. Seguir trabajando como si nada, con un EAD vencido o sin respaldo válido, puede considerarse empleo no autorizado y afectar tanto al trabajador como al empleador. Para empresas que patrocinan procesos futuros o que ya tienen relación con migración laboral, la exposición a auditorías y sanciones no es menor.

El tercer riesgo es más silencioso, pero igual de importante: tomar decisiones a partir de rumores. En momentos como este circulan mensajes contradictorios en redes sociales, grupos de WhatsApp o cadenas de voz: que habrá prórrogas generales, que todos los paroles se van a convertir automáticamente en residencia, o que basta con “esperar a ver qué pasa”. El aviso de DHS va en la dirección contraria: la regla general es que el parole termina para todos el 14 de enero de 2026, y las únicas excepciones claras están asociadas a personas que hayan presentado una solicitud de ajuste de estatus (Formulario I-485) a más tardar el 15 de diciembre de 2025 y la tengan aún pendiente, o a casos muy específicos en los que el gobierno conceda un nuevo período de parole caso por caso por razones humanitarias o de interés público.

Nada de esto significa que todas las personas con parole de reunificación familiar tengan que tomar la misma decisión. Para algunas, la ruta lógica será consolidar un ajuste de estatus si ya contaban con una petición familiar aprobada y cumplen las condiciones para hacerlo dentro del país. Para otras, puede ser más razonable planear un proceso consularbien estructurado desde su país de origen, cuidando los tiempos para no exceder umbrales de presencia ilegal. Para otras más, tal vez la opción será explorar si tienen perfil para una visa de empleo, de talento o de inversión completamente distinta al esquema de parole, siempre dentro de la ley.

Lo que sí es común a todos los casos es la necesidad de poner el expediente sobre la mesa: revisar el I-94 y la carta de parole, confirmar las fechas exactas, recopilar las notificaciones del I-130, del permiso de trabajo y de cualquier otro trámite en curso, y sentarse con un abogado de inmigración que entienda tanto el contexto de esta nueva política como el resto de opciones disponibles. Ese es el punto de partida para tomar decisiones informadas, en lugar de dejar que la fecha de vencimiento llegue sin un plan.