En septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump anunció una medida que generó amplio debate entre abogados, empresas y profesionales extranjeros: una tarifa adicional de 100.000 USD para toda nueva petición de visa H-1B, aplicable a partir del 21 de septiembre de 2025.
La medida fue implementada mediante proclamación presidencial, con el argumento de reforzar la competitividad interna y asegurar que las empresas que contratan talento extranjero contribuyan de manera más significativa al sistema migratorio. Sin embargo, el anuncio fue recibido con cuestionamientos sobre su legalidad, proporcionalidad y efectos económicos.
La respuesta legal: la Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda
Pocos días después del anuncio, la U.S. Chamber of Commerce —una de las asociaciones empresariales más influyentes del país— presentó una demanda federal en Washington D.C. buscando bloquear la aplicación de la tarifa.
El argumento principal de la acción judicial es que la proclamación excede la autoridad del Poder Ejecutivo, ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que las tarifas deben basarse en los costos reales de tramitación y aprobarse mediante procesos regulatorios formales, no por decisión directa del presidente.
La demanda también sostiene que un monto tan elevado no guarda relación racional con el costo administrativo del programa H-1B, y que su implementación podría generar un impacto negativo en sectores como tecnología, salud y educación, donde la contratación de talento extranjero especializado es frecuente.
¿Qué está en juego?
La controversia gira en torno a tres puntos clave:
Autoridad presidencial: determinar si el presidente puede fijar tarifas migratorias por decreto sin aprobación del Congreso ni procedimiento regulatorio.
Razonabilidad del monto: establecer si la cifra de 100.000 USD tiene un sustento técnico o si constituye una barrera desproporcionada.
Impacto en el programa H-1B: analizar si la medida altera el propósito original del programa, que busca cubrir necesidades laborales especializadas dentro del país.
Hasta el momento, la tarifa sigue vigente, y USCIS continúa exigiendo el pago para las nuevas peticiones de visa H-1B, salvo que un tribunal disponga lo contrario. Las demandas presentadas solicitan medidas cautelares (TRO o PI) que suspendan temporalmente su aplicación mientras se estudia el fondo del caso.
¿Qué pueden hacer las empresas y profesionales afectados?
Dado que no existe una decisión judicial definitiva, LOIGICA recomienda a empleadores y profesionales extranjeros actuar con prudencia y asesoramiento legal actualizado.
Las compañías que planean presentar peticiones H-1B deben verificar de forma permanente las actualizaciones oficiales del portal de USCIS y considerar el posible impacto financiero y operativo de la medida.
En un escenario de incertidumbre jurídica, la prevención y la planificación legal son esenciales. Evaluar alternativas migratorias como la L-1 (transferencia intracorporativa) o la O-1 (habilidad extraordinaria) puede ser una opción viable según el perfil del trabajador y las necesidades de la empresa.
La demanda contra la tarifa de 100.000 USD para la visa H-1B abre un debate profundo sobre los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria y sobre la naturaleza económica del programa H-1B.
Aunque el proceso judicial apenas comienza, su desenlace podría sentar un precedente importante para la política de inmigración basada en empleo en Estados Unidos.
En LOIGICA seguimos de cerca cada avance para informar a nuestros clientes y aliados sobre las implicaciones legales y prácticas de esta medida.
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